Volver a publicaciones
Análisis · Migración y seguridad
La inmigración ilegal constituye uno de los principales contextos que facilitan la trata de personas. Como señala el recientemente publicado informe del Instituto Prudencia "Trata de personas y migración ilegal: lecciones de Estados Unidos para la Política Pública Argentina", ambos fenómenos mantienen una relación simbiótica: las redes criminales se benefician de quienes, voluntaria o involuntariamente, buscan ingresar a otro país al margen de las normas migratorias. En muchos casos, son los propios migrantes quienes, impulsados por la necesidad o la desesperación, recurren a traficantes para cruzar una frontera. Sin embargo, el precio rara vez se limita al pago por el traslado. Una vez bajo el control de estas organizaciones, quedan expuestos a engaños, extorsión y múltiples formas de explotación, incluso después de haber llegado a su destino. Como advierte el informe, mujeres y niños son especialmente vulnerables a la explotación sexual, el trabajo forzado, la servidumbre, el tráfico de órganos y su utilización en redes de tráfico de armas y drogas.
En definitiva, el tráfico ilícito de migrantes prospera porque convergen dos factores: una demanda constante de personas que buscan mejores oportunidades y organizaciones criminales dispuestas a lucrar satisfaciendo esa demanda mediante actividades ilícitas. Concluir que reducir la inmigración ilegal contribuiría a disminuir las víctimas de trata es la parte sencilla. El verdadero desafío consiste en atacar las causas que alimentan la migración ilegal. Para abordar este problema debemos ir un paso más atrás y preguntarnos qué impulsa a miles de personas a migrar sin cumplir las normas. Analicemos los factores principales.
La existencia de controles migratorios no crea el tráfico ilícito de migrantes.
Numerosos países del hemisferio sur enfrentan una combinación de inestabilidad monetaria, inflación, escasas oportunidades laborales, baja productividad y marcos regulatorios que desalientan la inversión y frenan el crecimiento económico. En este contexto, la migración se convierte en una estrategia de supervivencia. Por ello, el desarrollo económico es una de las herramientas más eficaces para reducir los incentivos que alimentan la migración ilegal. Cuando las personas encuentran oportunidades reales de empleo, emprendimiento y movilidad social en sus propios países, disminuye la necesidad de recurrir a rutas irregulares y de ponerse en manos de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
En consecuencia, los Estados deben asumir como prioridad la creación de condiciones que permitan a sus ciudadanos prosperar sin verse obligados a emigrar. Esto exige fortalecer la seguridad jurídica y el derecho de propiedad; promover la inversión privada, el libre comercio y el emprendimiento; reducir las cargas regulatorias que obstaculizan la actividad económica; mantener políticas fiscales y monetarias responsables que garanticen la estabilidad macroeconómica; invertir en infraestructura, educación y capacitación laboral; y aprovechar los mecanismos de cooperación internacional para impulsar proyectos de desarrollo sostenible. En última instancia, el crecimiento económico sustentado en la libertad de empresa, la iniciativa privada y mercados competitivos brinda a sus ciudadanos una razón para construir su futuro en su propio país.
Diversos estudios muestran que una proporción significativa de los inmigrantes ilegales afirma haber migrado principalmente para acceder a mejores oportunidades laborales y obtener mayores ingresos. Muchos de ellos terminan desempeñando trabajos para los que existe una demanda persistente de mano de obra, como la agricultura, la ganadería, la construcción, el procesamiento de alimentos, el paisajismo, la hotelería, la limpieza, el mantenimiento, el transporte y determinados servicios domésticos y de cuidado personal. En consecuencia, una política migratoria eficaz debe complementarse con mecanismos que permitan cubrir esa demanda mediante vías legales, ordenadas y seguras. Al mismo tiempo, estos programas deben estar acompañados de sistemas rigurosos de supervisión y fiscalización para prevenir el fraude, como el que se ha descubierto en el caso de las visas H-1B en Estados Unidos.
Miles de personas abandonan sus países huyendo de regímenes autoritarios, persecución política, terrorismo, conflictos armados o graves violaciones de los derechos humanos. No es casual que una parte importante de quienes buscan refugio en Occidente provenga de países sometidos a dictaduras, guerras civiles o sistemas políticos que restringen libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad religiosa o el derecho a la participación política. En muchos casos, quienes emigran reconocen que las democracias occidentales ofrecen condiciones más favorables para desarrollar un proyecto de vida, gracias a la estabilidad institucional, el Estado de derecho, la libertad económica, la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.
La integración no es solo un derecho, sino también una responsabilidad.
Al respecto hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, las solicitudes de asilo deben reservarse para quienes cumplen los requisitos establecidos por el derecho internacional de los refugiados y la legislación interna. Sin embargo, es indispensable distinguir entre quienes huyen de una persecución real y quienes migran por razones principalmente económicas. Desdibujar esta distinción debilita la credibilidad del sistema de asilo y reduce su capacidad para proteger a quienes verdaderamente necesitan refugio.
Por otro lado, la migración hacia los países occidentales no implica solo un cambio geográfico, sino también la incorporación a una sociedad con una historia, valores, instituciones y normas de convivencia propias. Las sociedades occidentales son comunidades con una historia, valores, tradiciones y formas de organización que sus ciudadanos han construido durante generaciones.
Por ello, la integración no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Quien decide establecerse en un nuevo país debe respetar sus leyes, principios y costumbres. La discusión no gira únicamente en torno a cuántas personas deben ingresar, sino también a si quienes lo hacen están dispuestos a integrarse a la comunidad nacional.
La corrupción de los funcionarios públicos es una de las principales debilidades de la seguridad fronteriza. Los sobornos y la colaboración de funcionarios corruptos permiten a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes evadir los controles y mantener sus operaciones. Mientras existan autoridades dispuestas a facilitar el ingreso ilegal a cambio de beneficios económicos, las redes criminales seguirán encontrando espacios para operar. Por ello, el fortalecimiento de la política migratoria debe ir acompañado de mecanismos eficaces para prevenir, detectar y sancionar la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Algunos sostienen que flexibilizar las normas migratorias reduciría la necesidad de recurrir a vías clandestinas. Sin embargo, la existencia de controles migratorios no crea el tráfico ilícito de migrantes. Del mismo modo que la prohibición del robo no genera robos, regular el ingreso de extranjeros no genera por sí mismo el tráfico ilícito. Por el contrario, cuando las normas son débiles o no se aplican, aumentan las probabilidades de ingresar y permanecer ilegalmente en el país de destino, fortaleciendo los incentivos para cruzar la frontera.
Desde una perspectiva económica, la demanda de los servicios de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes depende, en gran medida, de la expectativa de éxito del proyecto migratorio. Cuanto mayores sean las posibilidades de permanecer en el país de destino, mayor será el valor que los potenciales migrantes atribuyan a estos servicios. La experiencia reciente de Estados Unidos ilustra esta dinámica. Durante la administración de Joe Biden, los encuentros en la frontera suroeste alcanzaron niveles históricamente altos, mientras que tras la adopción de medidas más restrictivas durante la segunda administración de Donald Trump, esos encuentros disminuyeron de manera considerable.
En consecuencia, para abordar eficazmente el tráfico ilícito de migrantes no basta con perseguir a las organizaciones criminales; es necesario reducir los incentivos que alimentan la inmigración ilegal. Ello exige políticas migratorias restrictivas y efectivas, acompañadas de las medidas expuestas: crecimiento económico en los países de origen, canales legales de migración laboral, protección del sistema de asilo, exigencias de integración y combatir la corrupción. Solo una estrategia integral permitirá reducir tanto la inmigración ilegal como la rentabilidad de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
Instituto Prudencia · institutoprudencia.org