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Dilema entre combustibles y derechos humanos

Análisis · Geopolítica y energía

Dilema entre combustibles y derechos humanos

Por Berit Knudsen. Publicado originalmente en Diario Expreso (Perú). El contenido y las opiniones son responsabilidad de la autora y la fuente citada; se reproduce con fines informativos.

Rusia bombardea ciudades y centrales eléctricas ucranianas, asesinando a civiles; Ucrania ataca refinerías y puertos rusos, provocando la peor crisis de combustible desde la caída de la Unión Soviética. A esa guerra se suma Irán, obstruyendo Ormuz desde el 28 de febrero. Washington necesita bajar los precios de los hidrocarburos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Su estrategia es aliviar las sanciones, presionando a Ucrania para frenar los ataques contra las fuentes de suministro ruso. El dilema es que cada barril adicional proviene de actores que violan los derechos humanos, y las medidas para defender esos derechos elevan el precio global.

Guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania

Rusia golpea redes eléctricas y ciudades ucranianas con misiles y drones, con un saldo de 17.000 civiles muertos y 54.000 heridos. El mes más letal desde 2022 fue julio, con 437 muertes. En septiembre lanzó 8.014 drones y 63 misiles de crucero. El 14 de octubre añadió 39 misiles balísticos y 120 drones, con un saldo de 9 muertos y 600.000 personas sin electricidad, con un invierno por delante.

Ucrania responde atacando refinerías, depósitos y puertos que alimentan la guerra: la refinería de Riazán, la de Moscú, el puerto de Taganrog y los depósitos de Azov.

Rusia procesó en agosto 3,8 millones de b/d, frente a 5,5 millones el verano anterior, un 30 % menos. La producción de gasolina cayó un 25 %, lo que obligó a imponer límites de venta en 50 regiones. Moscú importa toneladas de gasolina de Bielorrusia, 20 veces más que en 2025, y cinco veces más diésel, a precios un 60 % superiores. Putin admitió que 40 días de ataques costaron el 1 % del PIB.

El 20 de septiembre, durante las elecciones parlamentarias, Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre la región de Moscú: Rusia derribó 450 drones dirigidos a la capital, tres personas murieron y la refinería de Moscú resultó dañada. La población rusa hace kilómetros de cola para abastecerse de combustible, incluso en Siberia, Crimea ocupada y Moscú. Estos ataques trasladaron la guerra a las ciudades.

Ucrania sigue sin ganar la guerra, pero frena el avance ruso. Rusia perdió una superficie neta de 293,59 km² desde marzo y registró un avance neto de 16 millas cuadradas entre el 15 de septiembre y el 13 de octubre, frente a las 57 de las cuatro semanas anteriores, aunque controla el 19 % de Ucrania.

Putin tiene pocos incentivos para detenerse: la economía creció un 1,1 % en 2025, el FMI proyecta un 0,9 % en 2026 y el gasto militar sostiene gran parte de las rentas. Detener la guerra obligaría a reajustar su economía. Pero Rusia no lograría sostenerse sin sus aliados. China compra la mitad del crudo, Irán le abre la ruta del Caspio y Corea del Norte le aporta munición y, según Zelensky, prepara otros 30.000 soldados.

Ucrania tiene problemas inmediatos: carece de interceptores Patriot, su única defensa contra los misiles balísticos. Prácticamente ninguno de los misiles del último ataque fue interceptado y, en julio, solo se neutralizaron 4 de 24. Esto explica la gravedad de la decisión de Washington o de Elon Musk de reducir las capacidades de defensa y ataque, una medida que Ucrania paga con vidas civiles.

Situación mundial de los combustibles

El mercado sufre una escasez física. En septiembre, el Golfo exportó 13,9 millones de b/d de crudo, un 75 % por encima del nivel previo a la guerra, pero sus exportaciones de refinados siguen en 1,9 millones, frente a 4,7 millones (-40 %). El Brent llegó a 110 dólares en octubre y el diésel marcó récords.

Rusia aporta el 10 % del suministro mundial de líquidos: gana con los altos precios (el Urals se vende a 69 dólares, frente a un tope de 44) y pierde capacidad de refinación. Menos diésel ruso encarece justamente el combustible que Washington quiere abaratar.

Actores principales

Estados Unidos. Trump alivia las sanciones a Rusia (6 de marzo, exención por 30 días a India; 9 de octubre, licencia general OFAC 135; 16 de octubre, decreto que suspende sanciones y aranceles de la ley Graham) y exige a Ucrania dejar de golpear las refinerías rusas.

Irán. El OIEA calcula que posee 440 kg de uranio enriquecido al 60 %, sin inspecciones desde el 28 de febrero. Este nivel no tiene una justificación razonable para uso civil. Las protestas de diciembre y enero dejaron al menos 7.000 muertos.

China, Europa e India. China compra cerca del 90 % del crudo que exporta Irán y es el mayor cliente de Rusia; Europa paga a Rusia unos 1.200 millones de euros al mes por energía e India compró 2,1 millones de b/d de crudo ruso en agosto. Ninguno condiciona sus compras al respeto de los derechos humanos.

Conexión entre dos guerras

Ambos conflictos se unen por el precio: el uranio al 60 % llevó a la guerra con Irán; la guerra, al cierre de Ormuz; el cierre, a la escasez, y los drones ucranianos, a la reducción del diésel ruso. Por eso, el conflicto en Irán condiciona lo que Washington pide a Ucrania.

El triángulo China-Rusia-Irán incorpora al mar Caspio, una ruta entre Rusia e Irán que la Armada de Estados Unidos no controla desde el bloqueo del 13 de abril. Por ahí viajan alimentos y componentes de drones. Las dependencias son desiguales: Rusia aporta el 30 % del crudo que importa China, pero China recibe cerca de la mitad del crudo ruso y Rusia representa apenas el 4 % de su comercio.

Por qué es un dilema

Dos decisiones que se excluyen. Comprar energía a Rusia, aliviando las sanciones, baja los precios, pero financia una guerra que asesina a civiles. Sancionarla o permitir que Ucrania destruya sus refinerías protege a los civiles ucranianos, pero encarece el combustible mundial, afectando incluso a los más pobres.

Etiopía redujo el abastecimiento de diésel a la mitad, Sri Lanka decretó una semana laboral de cuatro días y Filipinas declaró una emergencia energética. La FAO calcula que el 30 % del crudo, el 20 % del gas y el 25 % de los fertilizantes se frenaron por Ormuz.

Sin fertilizantes, disminuye el rendimiento de los cultivos, suben los precios de los alimentos y se golpea a los hogares pobres, especialmente en África y el sur de Asia. En Estados Unidos, se calcula un gasto adicional de 419 dólares en combustible por hogar.

Pero lo que Washington obtiene es poco. Trump anunció 300.000 toneladas inmediatas de diésel ruso, 500.000 en noviembre y un millón después, con 3 millones «a corto plazo». A 7,45 barriles por tonelada, unos 22 millones de barriles representan menos de un día de demanda mundial. A cambio, Moscú recibe dinero y legitimidad y, con el decreto del 16 de octubre, los compradores de crudo ruso, entre ellos China e India, podrán seguir comprando. El decreto rige hasta que Trump o sus altos funcionarios decidan que «es apropiado tomar medidas adicionales».

La presión recae sobre Ucrania de tres formas. La primera es política: el 10 de octubre, Trump dijo que a Zelensky «más le vale dejarlo de una maldita vez», sugiriendo la celebración de elecciones.

La segunda es la reciprocidad. Zelensky ofreció detener los ataques a las refinerías si Rusia dejaba de atacar la red eléctrica, para evitar que Ucrania afrontara un invierno sin energía. El 11 de octubre, Trump declaró la tregua sin consultar a Kiev: «Estuvieron de acuerdo porque dije que estaban de acuerdo». Pero, horas después, Rusia golpeó la Central Térmica de Cogeneración CHP-5 de Járkov, la infraestructura energética más importante de Ucrania.

El 14 de octubre, Zelensky dio por terminado el freno cuando drones ucranianos golpearon el centro de datos más grande de Rusia, apuntando a las ambiciones de Moscú de desarrollar capacidades de inteligencia artificial. El ataque se dirigió contra el centro de datos de Balakovo, propiedad de Sberbank, y siguió a tres ataques contra centros de datos del grupo tecnológico Yandex. El 15 de octubre golpearon la refinería de Riazán.

Se pide al agredido que se detenga primero, mientras el agresor ve aliviadas las sanciones. El argumento de Washington sobre los ataques como causa del incremento de los precios, al generar escasez en Rusia, es real. Pero la reciprocidad de Kiev es la única opción sobre la mesa.

La tercera forma de presión, Starlink, afecta una estrategia ucraniana centrada en la fabricación de su propio arsenal de drones pilotados mediante internet satelital. La noche del 13 de octubre, SpaceX limitó la señal de sus terminales. El 7.º Cuerpo de Asalto Aéreo informó que la conexión se cortaba entre 10 y 20 segundos. Así, Ucrania quedó «privada de una de las pocas posibilidades de defenderse de los Shahed». Zelensky afirmó que, durante dos días, Ucrania dejó de recibir alertas de sus aliados. Washington amenazó con cortar el suministro de inteligencia si Ucrania seguía atacando refinerías, aunque Trump lo niega. El servicio volvió el 15 de octubre, con un límite que Kiev considera insuficiente.

Polonia suministra 29.500 terminales a Ucrania, casi la mitad de la red, y paga 50 millones de dólares al año. Su canciller, Radoslaw Sikorski, escribió a Musk: «Como clientes europeos, los estamos vigilando». Musk respondió que el límite lo fija el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente. Pero Trump negó haberlo ordenado. El cliente que paga no obtiene respuesta del proveedor y la empresa responsabiliza a un gobierno que lo niega. Sea una decisión política o privada, los países en guerra dependen de infraestructuras que no controlan.

Irán después de las elecciones parlamentarias de Estados Unidos

Trump declaró que la guerra con Irán terminará «inmediatamente después de las elecciones» y que no atacará antes del 3 de noviembre, aunque advirtió que podría intensificar los bombardeos después. Pero Irán no da señales de detenerse: el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que la era de las «respuestas proporcionales» terminó, mientras se registraron 15 ataques a buques entre el 6 y el 14 de octubre.

La pregunta es cuánto podrá esperar Teherán. Por primera vez desde 2013, Irán no cargó crudo en septiembre y se calcula que llegará a cero en diciembre, con pérdidas mensuales de entre 3.000 y 6.000 millones de dólares y una inflación anual del 90 %. La Guardia Revolucionaria recibía parte de la renta petrolera, aunque se desconocen los montos y las reservas. Emiratos cerró casas de cambio, afirmando que canalizaban «miles de millones».

Mojtaba Khamenei, sucesor designado el 8 de marzo, no ha aparecido en público y gobierna mediante «órdenes manuscritas entregadas por mensajeros». El liderazgo compartido muestra un mayor poder en manos de la Guardia Revolucionaria y una estructura de mando colectiva.

Sin una figura que asuma el costo de ceder, se incrementan los incentivos para esperar. Si decidieran resistir hasta el fin del mandato de Trump, en enero de 2029, el costo recaería sobre la población, no sobre quienes toman las decisiones. El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos afirma que el colapso no es inminente.

En los gobiernos nacidos de una revolución, la supervivencia del proyecto es prioritaria, relegando a la población a un lugar secundario. En Cuba, luego de 67 años de revolución, los ciudadanos siguen postergados.

El dilema obliga a decidir entre abastecimiento y derechos humanos. Ante la disyuntiva, Washington ofrece legitimidad a quien bombardea ciudades a cambio de 22 millones de barriles, menos de un día de demanda mundial, presionando a la víctima para que ceda primero.

Se recortan las herramientas de defensa de Ucrania, dificultando el ejercicio de su legítima defensa ante el bombardeo de ciudades y civiles. Zelensky propone que ambos bandos dejen de atacar redes eléctricas y refinerías, como única solución para reducir el costo humano sin incrementar el precio del combustible, pero no es escuchado.

La incógnita hasta el 3 de noviembre será Irán. Si Teherán resiste, el precio del combustible seguirá alto y Washington podría seguir aliviando las sanciones a Moscú. Si cede, el petróleo bajará, aunque Irán intente conservar el uranio enriquecido al 60 %. En ambos casos, pagan quienes no deciden: civiles ucranianos, iraníes o consumidores con menores recursos.