Volver a publicaciones
Observatorio de DDHH y Políticas Públicas
Casi 1.400 denuncias por trata, una célula del Tren de Aragua desarticulada en Buenos Aires y una política migratoria modificada dos veces en un año: las señales de alerta que revela un nuevo informe del Instituto Prudencia.
La trata de personas consiste en captar, trasladar o retener a una persona mediante coerción, engaño o abuso de vulnerabilidad para explotarla, ya sea sexual, laboral, o reducción a la servidumbre. La migración ilegal se configura con el cruce o permanencia sin seguir las leyes migratorias en un territorio. El más reciente informe del Instituto Prudencia documenta cómo ambos fenómenos se encuentran intrínsecamente relacionados ya que buena parte de las víctimas de trata llegan a esa situación durante o después de un proceso migratorio ilegal. Asimismo, resalta que quienes más se benefician de esa cadena son las organizaciones criminales al beneficiarse de la explotación de la persona objeto del traslado ilegal.
Estos fenómenos no son estáticos. Tal como se menciona en el documento, la trata dejó de responder al estereotipo del prostíbulo clandestino o el taller textil escondido: hoy opera desde celulares, redes sociales y hasta organizaciones que se presentan como fundaciones o espacios de contención espiritual, y cada vez se entrelaza más con el narcotráfico, el lavado de activos y otras economías ilegales. Véase en este punto el caso de los influencers argentinos, ex participantes de reality show, que abiertamente publicitaban un esquema de captación de mujeres argentinas con el fin de viajar a Rusia.
Buena parte de las víctimas de trata llegan a esa situación durante o después de un proceso migratorio ilegal.
De hecho, según la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata, en el primer semestre de 2026 se asistió y rescató a 369 personas mientras que la línea 145 recibió 1.369 denuncias. Igualmente, siguiendo los datos del año 2024 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el 61,3% de las víctimas de este delito eran de nacionalidad argentina y el 20,9% extranjeras, siendo el 87,3% de sexo femenino. En adición a ello, se registró que un 66,7% se correspondió a casos vinculados a la explotación sexual de personas, un 30,6% a explotación laboral, y un 2,8% a ambas finalidades.
En los últimos veinte años, casi 1.700.000 personas atravesaron en el país procedimientos migratorios que terminaron en expulsión, intimación a abandonar el territorio u otra medida por irregularidad. Desde la asunción del presidente Javier Milei, este tema se ha puesto en la mesa para reducir estas cifras. Por ejemplo, recientes operativos de la Policía Federal Argentina en los barrios porteños de Once y Flores, en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, detectaron al menos 15 personas en situación irregular y detuvieron a un hombre acusado de trata y tráfico de drogas. En la provincia de Salta, controles cerca de la frontera con Bolivia identificaron a 15 extranjeros indocumentados entre 108 personas relevadas.
Mujeres y niños son especialmente vulnerables dentro de las cadenas de explotación.
La Ley de Migraciones N.º 25.871 trata estos casos dentro de un marco administrativo, es decir una mera intimación a regularizar la situación y, eventualmente, expulsión. El Código Penal sólo alcanza a quienes organizan, promueven o facilitan el tráfico ilícito de migrantes con fines de lucro. Esta asimetría, sostiene el informe, debilita el efecto disuasivo de la política migratoria.
El Gobierno de turno ha concentrado esfuerzos institucionales en modificar este marco legal por medio de decretos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, el DNU 366/2025 exige a extranjeros sin residencia permanente contar con seguro de salud o afrontar el costo de la atención médica no urgente en hospitales públicos, habilita a las universidades a arancelar a estudiantes extranjeros con residencia temporal (se mantiene la gratuidad para argentinos y residentes permanentes) y amplía las causales de expulsión de extranjeros con antecedentes penales. Asimismo, el DNU 681/2026 modificó la Ley 25.871 para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que difundan "mensajes de odio" o llamen a la violencia contra el pueblo argentino.
Las estructuras transnacionales del crimen organizado también están en la mira del Ejecutivo, el mismo que incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo a la organización criminal venezolana "Tren de Aragua". Desde entonces, las fuerzas de seguridad han desarticulado una célula dedicada al lavado de activos en Buenos Aires y Corrientes, detenido a integrantes que habían ingresado por un paso no habilitado en Salta, expulsado con antecedentes por homicidio y procesado a trece personas vinculadas a una célula local.
Países como Estados Unidos sostienen un know-how en el combate a los cruces fronterizos irregulares y al crimen organizado. Según estadísticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en enero de 2026 los encuentros de migrantes en la frontera con México cayeron un 58% respecto al mismo mes de 2025, atribuyendo el resultado a una combinación de mayor infraestructura fronteriza, tecnología de vigilancia y coordinación entre agencias federales, estaduales e internacionales. En suma, una política migratoria ordenada y una autoridad que la haga respetar.
Esa experiencia puede servir de referencia para pensar, con las adaptaciones necesarias, una estrategia propia para la Argentina. Desde el Observatorio de políticas públicas y DDHH del Instituto Prudencia, creemos recomendable estructurar la política migratoria en los siguientes ejes de trabajo y compromiso:
Instituto Prudencia · institutoprudencia.org